Reducir el impacto medioambiental de todos los sectores de la economía es uno de los principales objetivos de gobiernos y autoridades del mundo que, poco a poco, han dio tomando medidas para lograrlo, entendiendo la urgencia de estas acciones para frenar el cambio climático. En el caso de la Unión Europea, la meta es descarbonizar el bloque y reducir sus emisiones de CO2 en al menos un 55% para el año 2030, con respecto a 1990.
Uno de los sectores en los que se han enfocado los 27 países miembro es el inmobiliario, responsable del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. La propuesta contempla que, para el 2028, todos los edificios de nueva construcción sean climáticamente neutros.
Esta medida se extenderá a todos los edificios, los cuales para 2050 deberán ser emisiones cero; mientras que las nuevas construcciones destinadas a la administración pública deberán cumplir con esta medida para el 2026, en menos de 3 años.
La medida busca la renovación del parque inmobiliario
De acuerdo con el planteamiento, que ya recibió el respaldo del Parlamento Europeo, los edificios ya existentes deberán cumplir con estándares mínimos de rendimiento energético; una medida que busca incentivar la renovación de los edificios más antiguos y con peor calificación energética por edificios nuevos y más eficientes.
Además, se plantea crear una nueva categoría de certificación energética, la “AO”, para identificar aquellas construcciones que cumplan con el objetivo de neutralidad y ofrecer la categoría “A+” para aquellos que además de cumplir con el requisito de cero emisiones contribuyan a la generación de energía renovable a la red eléctrica.
Impulso a la energía solar
La propuesta también busca impulsar el diseño y construcción de edificios que no sólo consuman menos, sino que también generen energía solar. En el caso de los edificios públicos, se propone que incluyan una superficie útil para energía solar de al menos 250 metros cuadrados; un requerimiento que también afectará a todos los edificios de nueva construcción para el año 2030.
La medida deja abierta la posibilidad de hacer determinadas excepciones en cuanto a plazos y objetivos no sólo dependiendo del tipo de edificio, tomando en cuenta aquellos destinados al culto o históricos, sino también considerando la realidad inmobiliaria y energética de cada país.
